Hace 70 años, un golpe de Estado fracasado dio paso a una guerra civil de tres años que ensangrentó España y dejó como herencia una dictadura de derechas que suprimió las libertades políticas y sindicales, persiguió a los disidentes, derogó los estatutos de autonomía de Euskadi y Catalunya, impuso una visión ultracatólica de la vida y prohibió toda lengua que no fuera la castellana..
La transición de la dictadura a la democracia, que tuvo como comadrona la ruptura pactada, cubrió con un velo la responsabilidad de lo sucedido: unos exigieron el olvido para no tener que rendir cuentas, y otros lo ofrecieron para facilitar una reconciliación nacional que hiciera imposible la repetición del pasado.
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Treinta años después de la muerte del dictador Franco, la izquierda reclama recuperar la memoria histórica, reivindica los nombres de quienes murieron en defensa de la libertad y de la legalidad republicana, recupera sus cuerpos enterrados en las cunetas por sus asesinos, y exige que se revisen los consejos de guerra que les condenaron y que se supriman los honores dedicados a quienes aplastaron las libertades.
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Del lado republicano, sobre todo en los caóticos primeros meses de guerra, se cometieron también desmanes.
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La memoria histórica debe servir para recordar a unos y a otros, y para reconciliar a las dos Españas. En suma, para superar el pasado, pero sin olvidarlo.