El hallazgo de 175 encuestas de la Generalitat, encargadas por diferentes gobiernos de Jordi Pujol, refleja un escrutinio político y social injustificable, así como prácticas maccarthistas efectuadas con dinero público(por ejemplo averiguar si los pisos asignados por Adigsa iban a parar a votantes convergentes). Los pujolistas recabaron información privilegiada, con fondos ajenos, para adecuar su actuación partidista a las pulsiones de la calle.Estos estudios reflejan la obsesión de CiU por llegar a controlar el Ayuntamiento de Barcelona: se hicieron 10 encuestas ilegales sobre esa institución para buscar los puntos débiles de los diferentes alcaldes socialistas, en especial de Pasqual Maragall. También se refleja otra obsesión, la de Pujol por los medios de comunicación, y la aspiración permanente de CiU de disponer de los medios públicos --TV-3 y Catalunya Ràdio-- como instrumentos de la propaganda propia.
La naturaleza del material revela un uso privado de los resortes del Govern para mantenerse en él. Ante eso, es lógico el recurso a la fiscalía y que el Parlament exija explicaciones políticas a quienes hicieron esas prácticas y siguen en activo, como Xavier Trias. Pero está clara la responsabilidad de fondo, y la mancha, de Pujol aceptando (en el caso de que no las promoviese) esas prácticas indignas
Editorial de el periodico 24.02.06
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