Ventura & CorominaLa Vanguardia 19.01.06
Joe Skipper / Reuters
Un cartel puesto por el Gobierno de Cuba al otro lado de la verja de la Base Aérea de Guantánamo
El 11 de enero de 2002, un grupo de 20 sospechosos de pertenecer a la milicia integrista afgana del Talibán y a la red terrorista Al Qaeda llegaron a la base naval de Guantánamo (Cuba), encadenados con grilletes y llevando vendas en los ojos y mascarillas quirúrgicas. En ese momento, la Casa Blanca anunció que su estadía sería “temporal”. Cuatro años después, la veintena de presos se multiplicó a por lo menos 500, y la transitoriedad se ha vuelto permanencia indefinida, sin cargos ni juicio previo.
Hoy por hoy, Guantánamo se ha erigido en el símbolo de la guerra internacional contra el terrorismo que impulsa el Presidente de Estados Unidos, George W. Bush, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
En primer lugar, los 500 reclusos de la base-prisión estadounidense, pertenecientes a 35 nacionalidades y que en su mayoría fueron detenidos durante la invasión de EEUU a Afganistán (octubre 2001), se encuentran en un limbo jurídico al ser rotulados por Washington como “combatientes enemigos”, una clasificación que vulnera su derecho a la presunción de inocencia y que ha servido para negarles los derechos que las Convenciones de Ginebra exigen para los prisioneros de guerra.
Asimismo, la gran mayoría de los presos no tiene acceso a un tribunal, ni a asistencia legal o visitas de su familia. Muchos permanecen en pequeñas celdas sin oportunidad de hacer ejercicio, o permanecen en régimen de aislamiento por infringir las estrictas reglas del campo. Esto, sin mencionar las avalanchas de denuncias de tortura y malos tratos físicos y psíquicos infligidos por el personal estadounidense.
Ahora, recien cumplido el cuarto aniversario de la entrada en funciones de Guantánamo, la JSC L'Hospitalet exigimos el cierre de la base militar ( o como la llama amnistía Internacional “la gran cárcel de la guerra sucia” contra el terrorismo ) y la puesta en libertad o la disposición judicial inmediata para que se realice un juicio justo a todas las personas recluidas en las instalaciones, así como una investigación y acciones pertinentes contra todos los delitos contra la dignidad de las personas se han cometido en estos 4 años.
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