La futura ley catalana de la vivienda introduce un concepto nuevo, el de función social del hogar. Es decir, tener un piso en propiedad es un derecho, pero también irá acompañado de deberes. Sin negar el principio de respeto a la propiedad privada, se ha introducido el matiz de que, además, ha de haber un uso adecuado. Quien deje deteriorar un edificio, lo mantenga vacío o excesivamente ocupado, podrá ser sancionado hasta el límite de la intervención pública --expropiación con la Administración haciendo de intermediaria--, para devolver a ese hogar su dimensión social. Toda esta normativa ha de redundar en una mejor promoción del sector del alquiler..
La otra gran aportación de la ley es la recuperación de una política decidida de viviendas de protección oficial, hasta conseguir que dentro de 20 años sean el 15% de todas las construidas en Catalunya. El punto de fricción se dará en la relación entre las conselleries implicadas y los municipios. Pero deberá afrontarse, porque no existirá una política real de vivienda si no hay criterios generales aplicables en todo el territorio catalán. Las pautas que marca el texto que se envía al Parlament son un buen fundamento para abordar con realismo el problema del acceso al mercado inmobiliario.
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